La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra los exgobernadores Alejandro Lyons Muskus, de Córdoba; Juan Carlos Abadía Ocampo, de Valle del Cauca; y Sandra Paola Hurtado Palacio, de Quindío, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.

El Ministerio Público también abrió investigación al alcalde Montería, Marcos Daniel Pineda García, y al exalcalde, Carlos Eduardo Correa Escaf, por las obras de remodelación del Coliseo Miguel Happy Lora, y para la construcción de los estadios de sofball, fútbol y béisbol.

Adicionalmente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria a Oscar Mauricio Bejarano Navarrete, alcalde de Cajicá para el periodo 2012 – 2015, y a los secretarios de Planeación de esa administración Germán Camilo Bello Zapata y Leonardo Higuera Espinosa, por las presuntas modificaciones estructurales al Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, que al parecer habrían generado cambios sustanciales en el uso del suelo del municipio.

Finalmente, para el martes 21 de noviembre quedó la audiencia pública contra el alcalde en ejercicio del municipio de El Rosal (Cundinamarca) Hugo Orlando Arévalo Pulido, y los concejales Milton Mauricio Chacón, Henry Bohórquez Fierro, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo y Luz Adriana Sabogal Rodríguez, por la presunta exigencia de dineros y tierras para no cambiar el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, quienes se encuentran suspendidos del cargo por la Procuraduría General de la Nación.

1. Indagaciones a exgobernadores Lyons, Abadía y Hurtado

En el caso de los exgobernadores de Córdoba, Valle del Cauca y Quindío las indagaciones buscan establecer la veracidad de las declaraciones del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, según las cuales los tres exfuncionarios habrían “entregado dineros con el fin de obtener como contraprestación beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra”.

El Ministerio Público ordenó realizar varias pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos denunciados y el perfeccionamiento de la indagación preliminar.

Contra la determinación adoptada no procede recurso alguno. Los tres exgobernadores podrán designar un apoderado e incluso ser escuchados en versión libre y espontánea sobre los hechos materia de la investigación, lo cual deberán informar por escrito a la dependencia encargada y así fijar la fecha y hora de la diligencia.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, designó al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, Wilson Alejandro Martínez Sánchez, como funcionario especial para que asuma el conocimiento de los tres casos.

2. Estadio Happy Lora

La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda Garcia, y el exalcalde, Carlos Eduardo Correa Escaf (periodo 2012 - 2015), por presuntos actos de corrupción relacionados con la remodelación del Coliseo Miguel “Happy” Lora de la capital de Córdoba.

También investiga la celebración, ejecución y liquidación del contrato para la construcción del Estadio de Softball “Jose Gabriel Amín Manzúr”; el de fútbol y el de béisbol “18 de junio”.

El órgano de control busca determinar posibles irregularidades contractuales en la ejecución de estos proyectos y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron las presuntas faltas disciplinarias.

La Procuraduría decretó la práctica de pruebas, entre ellas, escuchar en versión libre a los investigados el próximo lunes 4 de diciembre.

3. Cambios en el uso del suelo en Cajicá

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a Oscar Mauricio Bejarano Navarrete, alcalde de Cajicá para el periodo 2012 – 2015, y a los secretarios de Planeación de esa administración Germán Camilo Bello Zapata y Leonardo Higuera Espinosa, por las presuntas modificaciones estructurales al Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, que al parecer habrían generado cambios sustanciales en el uso del suelo del municipio.

El ente de control investiga si los procesados pudieron incurrir en falta disciplinaria al presuntamente quebrantar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses al aprobar los planes parciales y la expedición de licencias de urbanismo y construcción a favor de diferentes empresas que habrían adelantado proyectos en el municipio.

Así mismo, busca determinar si existen irregularidades en la aprobación de licencias de urbanismo y construcción a proyectos que al parecer no contaban con la capacidad de prestación de servicios públicos, y con la delimitación y aprobación de planes parciales, que posiblemente no cumplían con la normatividad vigente establecida por la CAR.

4. Audiencia a alcalde de El Rosal y cinco concejales

La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública citó a audiencia pública a Hugo Orlando Arévalo Pulido, actual alcalde de El Rosal (Cundinamarca); y a los concejales Milton Mauricio Chacón, Henry Bohórquez Fierro, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo y Luz Adriana Sabogal Rodríguez, por la presunta exigencia de dineros y tierras para no cambiar el Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT.

El Ministerio Público señaló que al parecer los investigados incurrieron en una falta disciplinaria que el Código Penal define como concusión, y que corresponde al abuso del funcionario público de su cargo o de sus funciones para constreñir, inducir o solicitar a alguien “a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos”.

Arévalo Pulido, actual alcalde, presuntamente exigió a los dueños de un predio una casa por cada hectárea utilizada en su proyecto de vivienda; una fanegada de tierra por cada 10 utilizadas en el desarrollo de un proyecto inmobiliario y al parecer pidió, en la sede de la alcaldía, dinero a una tercera persona, quien había solicitado audiencia para expresar su inconformismo frente al Esquema de Ordenamiento Territorial.

Los concejales Milton Mauricio Chacón, Henry Bohórquez Fierro, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo y Luz Adriana Sabogal Rodríguez, pudieron incurrir en falta disciplinaria al presuntamente exigir 1.200 millones de pesos para no modificar el Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT del municipio, aprobado por la anterior administración a finales de diciembre de 2015.

Las faltas fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo.

La audiencia pública se llevará a cabo el martes 21 de noviembre a las 9:00 a. m. en la sala de Audiencias de la sede central de la Procuraduría General de la Nación.